Dos días después del cierre oficial del encuentro, la edición 29 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP29) concluyó con un acuerdo para el financiamiento climático desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. El domingo 24 de noviembre, a la madrugada de Bakú, capital de Azerbaiyán, la Presidencia de la COP29 anunció que se estableció un objetivo de 300 mil millones de dólares anuales hasta el 2035.

Aunque el monto triplica la cifra acordada en 2009 y alcanzada por primera vez en 2022, está bastante lejos de lo que los países en desarrollo exigían para mitigar y adaptarse al cambio climático y adoptar energías limpias: 1.3 billones de dólares anuales.

“La propuesta de financiamiento no resuelve ni la crisis climática ni las necesidades de los países vulnerables”, dice Daniel Ortega, ex ministro de Ambiente de Ecuador. Reportes de expertos independientes y del Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) están de acuerdo en que el financiamiento debe exceder un billón de dólares.

“Muchos decían que lo mejor era no tener nada, pero yo difiero”, afirma Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), quien participó en las negociaciones como asesora de la delegación de Panamá y de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). La experta cree que, por un lado, traspasar esta decisión a la COP30 de Brasil “habría sido muy lamentable desde el punto de vista político”.